Existe una relación directa entre ética pública, leyes, normativas e intenciones. En este articulo intentamos exponer la misma y la importancia de que dichas variables interactúen.
El Estado de Derecho propugna por el imperio de la ley y la ética publica porque la ley sea moral. Los códigos y las “personas serias” dialogan desde una moral dilematizada que genera situaciones antagónicas y eligen decisiones por mayoría o por convicción. Las realidades plurales exigen métodos nuevos como el de la deliberación moral en estructuras mas dialogantes y argumentativas como son las comisiones de ética pública, donde ley, norma e intención hacen un juego de argumentos entrecruzados ahora desde una razón de estado moderna fundamentados en el bien común, la ciudadanía y la búsqueda de la justicia, que hay que manejarla desde el interior del Estado y desde una perspectiva moral.
“Siguiendo esta línea, el Liberalismo Político de Rawls aclarará que la razón pública lo es en un triple sentido: porque, como razón de ciudadanos iguales, es la razón del público; porque su objeto es el bien público y las cuestiones fundamentales de justicia, y porque su contenido es público, dado por los principios expresados por la concepción de justicia política. En las sociedades con democracia liberal son todos los ciudadanos los que deben participar en el proceso de deliberación pública, y no sólo los ilustrados. Pero esos ciudadanos, a la hora de aportar razones para apoyar sus posiciones, deben hacerlo únicamente con aquellas que puedan reforzar el consenso entrecruzado” 24-7-10. http://www.rieoei.org/rie29a02.htm
Esa totalidad llamada a deliberar pueden quedar expresados en las comisiones de ética pública en la medida en que estas asumen un papel de vigilantes morales que dialogan sobre los valores que como mínimos han sido acordados por la sociedad plural. Por definición estas son instancias deliberativas que en el espacio público tienen en sus manos las tres variables identificadas por Rawls en el planteo anterior.
Con estas propuestas nos acercamos al ideal Kantiano de asumir aquello que es “lo que todos podrían querer” y en ese sentido generar un imaginario que ponga en el ámbito de lo público lo que todos podrían querer y para ello tienen que elaborar una instrumentación de todos, es decir todos, tengan la posibilidad de decir de manera pública que es en efecto lo que quieren. Pero quienes serán los llamados a decirlo o desde cuales espacios deben decirlo? Obvio que no pueden ser las que brindaron los códigos o los regímenes ético-disciplinario, sino en espacios plurales como las comisiones de ética publica u otras instancias de iguales características.
Nos hemos pasado mucho tiempo moralizando a las personas con códigos de buenas practicas pero hemos limitado las posibilidades de comprender la importancia de un dialogo plural entre todos los afectados.
Conversar con los afectados por la limitación de la energía eléctrica y las altas facturaciones será, por ejemplo, lo que permita el dialogo moral en la búsqueda colectiva de razones y de soluciones. Es el proceso deliberativo, no entre sabios y expertos en ética sino entre afectados que entenderán las razones publicas pero también las harán flexibles ante las posibilidades humanizando sus contenidos. Desde la buena intención de servidores probos no tiene entrada este dialogo ni desde la propuesta de códigos deontológico. Deliberar es airear los procesos identificando posibilidades, distintos cursos de acción que tengan una impronta moral.
En el espacio del servicio público que proviene desde la administración de lo publico es mas que claro que aquí deben articularse nuevos espacios deliberativos donde concerten un dialogo alrededor del eje de la justicia en la administración y en la asignación y distribución del gasto y de los recursos.
La ética pública en el contexto dominicano.
Para que la ética encuentre un espacio en el contexto dominicano tiene que ser desde el modelo de las éticas aplicadas, para ello debe entenderse que ni los códigos ni las leyes pueden ser el asiento de las mismas. Lo legal tiene su espacio y lo moral el propio.
Sin dudas tienen que tener una zona de convergencia, el dialogo entrecruzado para buscar los mínimos aprobados en términos sociales, según Rawls. La ley tiene que ser un reflejo moral del consenso público de un momento determinado y las instancias legislativas los sensores de alerta para adaptarlas, cambiarlas o modificarlas según las necesidades epocales, pero sin perder su esencia de moralidad que es en última instancia quien justifica su existencia.
La propuesta tiene que venir desde la posibilidad de identificar las éticas aplicadas, la construcción de éticas publicas como aplicadas. Desde un modelo propio y “tropicalizado” de autoría local o regional, ya que propuestas deliberativas como las Rawlsianas donde implica que “todos” sin excepción deben participar no es posible en nuestro medio, lo que no impide que se refuercen los espacios de participación social para que los excluidos tengan voz propia a través de la representación, pero esto en este momento no es una realidad y la verdad es que grupos serios y honestos hablan por ellos pero no hablan ellos mismos. Es un reto para consolidar una verdadera sociedad civil con sello de identidad natural.
La concretización de esa experiencia podría facilitar la construcción Kantiana de llevar a la práctica “lo que todos a podrían querer” pero la única forma de saberlo es cuando ellos mismos lo puedan decir y no cuando instrumentos lejanos a sus voces las expresen.
No hay más alternativas que crear instancias propias de expresión que retomen los elementos posibles de las propuestas que nos traen los estudiosos de estos temas. Quizás las más cercanas son las presentadas por la maestra Adela Cortina con sus éticas de mínimos.
Las éticas de mínimos colocan sobre la mesa el principio de la justicia como el plato principal. La justicia vista como “ajuste” a la norma, es decir estamos llamados a acercar propuestas a la norma y para ello hace falta que primero identifiquemos en la equidad aquello que probablemente es “lo que todos quieren”.
Sentar valores mínimos con los cuales la sociedad sería capaz de operar. Unos mínimos que sean sustentados y aprobados sino por todos, por lo menos por las mayorías que puedan hablar con voz propia y de forma directa, con las representadas por las fuerzas políticas, sociales, no gubernamentales,
Esos sectores estarían llamados a identificar los mínimos y a negociarlos en nombre de la justicia, pero esto tiene que encontrar vías factibles de elaboración y sin lugar a dudas y en el caso que nos ocupa tendría que venir dado por el debate y acuerdos sobre la transparencia y las leyes que le soporten, en especial la de libre acceso a la información.
El profesor Enrique Quintana en su texto “Economía política de la transparencia” cita a Amartya Sen, premio Nóbel de economía en 1998 donde afirma “los hechos relevantes en la terrible historia social del mundo, es que ninguna verdadera hambruna se ha dado jamás en aquellos países con forma democrática de gobierno y/o con una oposición fuerte e influyente, y/o con acceso libre a la información, y/o prensa relativamente libre”: Quintana (2006: 15)
Con esta contundente aseveración de Amartya Sen deja muy claro el valor de la democracia, de la ley y su espíritu moral y en especial de la importancia de la libertad ciudadana de ejercer el derecho a saber, como base para la interpretación del funcionamiento interno del estado y la transparencia de sus acciones.
El propio profesor Quintana pasa a reconocer que las hambrunas y las desigualdades extremas en la mayoría de los casos no ocurren por las quiebras fiscales ni, necesariamente, por los desaciertos del manejo de la economía sino por la centralización del poder en manos autocráticas que no permiten ver a la población lo que hacen, ni explican por qué lo hacen ni aceptan ser cuestionados. Es la censura a la información y peor aun la negativa del derecho a saber. Se fundamenta en Amartya Sen para evaluar la inmoralidad de la no publicidad de los saberes del estado.
Y por que una reflexión ética de la ley de acceso como paradigma de la transparencia?
La razón es clara, no podemos convertir la ley en una normativa estandarizada de informes, donde estén claras las reglas del juego, las leyes, las nominas y el gasto público, rígidas, evaluables y validadas solo en virtud de su cumplimiento literal. Es una pieza clave de las éticas públicas en tanto ética aplicada.
Es una ley que obliga no solo al sector publico sino también al privado que recibe fondos públicos colocando así actores principalísimos como los partidos políticos, algunas Ongs o empresas de capital mixto o sea que de alguna manera permite establecer el puente existente entre lo público y lo privado y la potencialidad de trazar y evidenciar la pulcritud de sus interacciones o la opacidad de sus operaciones.
Con razón se identifica a esta ley como la ley de la transparencia, pero podemos hacer de ella un instrumento de la ética pública o un adefesio en la administración pública dependiendo de que la argumentemos y apliquemos desde la intención legal o desde su estructura moral
La intención legal. Esta nos es servida por una ley, un reglamento y una guía. Es medible y cuantificable en cuanto tenga apego a las informaciones de oficio, a los estándares establecidos por la norma y la exigencia y desarrollo de instrumentos de aplicación. Eso es bueno y aspiramos a que se cumpla. Esto es bueno y trabajamos y monitoreamos para que se cumpla.
Su estructura moral. Esta la presenta como ética aplicada, como ética publica donde su mayor valor no está reconocida por el numero de instituciones que la cumplen sino mas bien por los valores mínimos (ética de mínimos) que se pueden identificar y cumplir como requisito para el encuentro del mundo público y el privado dentro del Estado.
Una ley donde solo los gobiernos se abran a la claridad en el ejercicio del cumplimiento de normas no deja traslucir toda la transparencia posible pues solo se ve el manejo dentro del mismo gobierno pero no así sus relaciones con el mundo privado. La ley per se no dice nada si solo expresa de manera puntual y particular las acciones individuales de una entidad, ella adquiere su verdadera dimensión cuando en conjunto permite ver la interacción de las intenciones, la voluntad política y las normativas para lograrlo.
Es un acertijo, veamos, cuando el sector privado se convierte en oferente para brindar servicios o vender bienes a los gobiernos, se exige que este ultimo haga público a través de la web y los medios de publicidad dichas ofertas, con ello estará diciendo que los oferentes cumplen con los requisitos legales, que tienen sus impuestos al día, que se ha cumplido con la ley de compras y contrataciones, pero al hacerlo público se ha cumplido con la ley de acceso a la información.
Desde la ley se dialoga de manera transparente con la ciudadanía y desde las comisiones de ética se valora el grado de cumplimiento de los mínimos propuestos entre las partes que representan a todos. Esta es la línea de acción emprendida por el gobierno dominicano, donde los propios responsables de acceso a la información, los encargados de compras y contrataciones, actores principalísimos de la acción transparente son parte fundamental de las comisiones de ética publica, intermediarios del dialogo plural entre ciudadanía y gobierno.
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