La ética pública cae en la denominación de las llamadas éticas aplicadas y estas a su vez son reconocidas por su marcada vocación a pensar sobre los principios y valores morales en los distintos escenarios de la vida cotidiana. Sin duda alguna que todos hemos oído hablar de la bioética, de la Gen ética, ética de la empresa, eco ética, psico ética, etc que no son mas que las aplicaciones de la ética a esos campos del saber intentando dar respuestas puntuales a los hechos que con incertidumbre moral se debaten en estos campos.
La interdisciplinariedad se convierte en el sustrato de esta propuesta que nace de manera formal en los años 90. En el caso de la administración pública, también se juega un escenario importante para poder debatir sus dilemas y problemas morales pero circunscritos a su telos que es la gestión de lo público.
En este contexto surge el Consultor en Ética Pública (CEP) como un experto que dirige y acompaña procesos que son propios a ese mundo como es el caso de asumir papeles de asesor en tareas de fundamentación, formación, gestión y capacitación de comités de ética pública, códigos, implementación de programas para los servidores, valores, entre otros.
Esta nueva figura tiene a su cargo el día a día de la ética en la administración pública generando los mecanismos para que de manera aplicada se materialice el comportamiento moral en la gestión administrativa pero sobre todo para que las razones técnicas estén permeadas por la aplicación de la ética.
Hoy la ética habla a través de la tecnología, que a su vez se expresa como controles, normas, diques morales que ponen límites al personalismo, a las tentaciones y sobre todo a la dejadez que olvida que el usuario, el cliente, el paciente son los sujetos mas importantes de la gestión administrativa.
El consultor de ética pública es una realidad en países que como el nuestro tiene en su organigrama direccion general de etica, comisiones de ética, formación estructurada en diplomados y cursos en esta rama para servidores públicos.
A las universidades les corresponde formarlos y al estado asumirlos.
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